La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una crítica demoledora por parte de analistas económicos, quienes califican su estrategia contra la inflación como anacrónica e ignorante de los principios económicos básicos. El reclamo surge tras su reciente llamado a pactos con empresarios para congelar precios, una medida comparada con las fracasadas políticas del expresidente Luis Echeverría en los años setenta.
Expertos señalan que intentar controlar precios por decreto en una economía abierta como la actual es un error grave. Advirtieron que estas acciones, lejos de solucionar el problema, pueden generar escasez, mercado negro y desabasto. La insistencia en métodos intervencionistas revela, según los críticos, una profunda incomprensión de la ley de oferta y demanda.
El análisis apunta a que el verdadero origen de la inflación en productos básicos es estructural y global. Factores como el alza del 87% en fertilizantes, debido a tensiones en el estrecho de Ormuz, y la vulnerabilidad energética de México como importador neto, son claves. Estos choques externos no se solucionan con reuniones coercitivas con distribuidores.
La situación se agrava por la desaparición de una política de competencia económica robusta. La antigua Comisión Federal de Competencia, un organismo autónomo, fue sustituida por un instituto con reglas opacas y mayor control político. Esto debilita la lucha contra oligopolios que encarecen productos como el tomate, el frijol y la tortilla.
Las finanzas públicas muestran otra arista crítica. Para contener el precio de los combustibles, el gobierno sacrificó ingresos por IVA e IEPS, creando un boquete fiscal. Este recorte se tradujo en una reducción del 78% del presupuesto de Pemex para este año, limitando aún más la capacidad estatal para enfrentar la crisis.
La credibilidad de las instituciones económicas está en entredicho. Estudios del Centro de Estudios Económicos de Banamex señalan que Hacienda y el Banco de México son percibidos como erráticos. Sus pronósticos inflacionarios distan mucho de la meta, y la tasa de interés se mantiene alta en un contexto de crecimiento raquítico pronosticado en 1.6% para 2024.
El crimen organizado emerge como un “impuesto oculto” que infla los costos finales. Transportistas reportan extorsiones para comprar combustible a precio dictado por cárteles, un costo que termina pagando el consumidor. Este factor de inseguridad, unido al abandono histórico del campo y problemas hídricos, amenaza la producción agrícola nacional.
Se prevé una caída dramática en la siembra en regiones como Sonora y Sinaloa, consideradas el granero de México. Expertos anticipan que solo se cultivará la cuarta parte de lo habitual, lo que presionará aún más los precios de los alimentos en los próximos meses. El acuerdo PASIC, según los analistas, será insuficiente para pacificar esta crisis.
La comparación con programas sociales anteriores, como la red de tiendas CONASUPO, es inevitable. Los críticos argumentan que, aunque imperfecto, aquel sistema subsidiaba productos específicos en el punto de venta. En cambio, las transferencias directas actuales pierden poder adquisitivo rápidamente frente a una inflación galopante que ha encarecido la canasta básica más de un 20%.
El llamado final de los expertos es a abandonar soluciones simplistas y populistas. Urgen a la presidenta a enfocarse en atacar los cuellos de botella reales: la falta de competencia, la inseguridad logística, la crisis en el campo y la vulnerabilidad energética. La advertencia es clara: sin un cambio de rumbo basado en realidad económica, México agotará sus herramientas fiscales y monetarias frente a una tormenta perfecta inflacionaria.